Cambios en el despido disciplinario según el Tribunal Supremo: implicaciones para pymes y autónomos

El Tribunal Supremo ha establecido un nuevo criterio que afecta directamente al procedimiento de despido disciplinario, introduciendo la obligación de que las empresas realicen una audiencia previa antes de despedir a un trabajador. Esta sentencia supone un cambio significativo para autónomos, pymes y otros negocios que emplean personal, ya que exige nuevas formalidades para garantizar los derechos de los trabajadores. A continuación, analizamos los puntos clave y las implicaciones para el tejido empresarial.

¿Qué establece la sentencia?

El fallo del Tribunal Supremo determina que no se podrá despedir a un trabajador por causas disciplinarias sin antes escuchar su versión de los hechos. Esto implica que la empresa debe garantizar al empleado la oportunidad de defenderse en un trámite de audiencia previa antes de ejecutar el despido.

Según el Alto Tribunal, esta medida busca reforzar los derechos fundamentales de los trabajadores, asegurando que el procedimiento sea justo y que se valore su perspectiva antes de tomar decisiones definitivas. En caso de no cumplir con esta nueva formalidad, el despido podría ser declarado improcedente o incluso nulo, lo que podría derivar en indemnizaciones mayores para el trabajador.

¿Cómo afecta esto a pymes y autónomos?

Para las pequeñas empresas y autónomos con empleados, este nuevo requisito añade una capa adicional de responsabilidad en la gestión de recursos humanos. Aunque garantiza los derechos de los trabajadores, también puede generar retos administrativos y legales, ya que:

• Mayor carga administrativa: Será necesario establecer protocolos formales para documentar y gestionar el trámite de audiencia previa.
• Riesgo de sanciones: Si el procedimiento no se realiza correctamente, la empresa podría enfrentarse a sanciones económicas o a la obligación de readmitir al trabajador.
• Incremento de costes: En caso de que el despido sea declarado improcedente, las indemnizaciones podrían ser mayores, suponiendo un gasto extra para pymes con recursos limitados.

Claves para adaptarse al nuevo criterio

Para minimizar riesgos y adaptarse a este cambio normativo, las pymes y autónomos deben implementar medidas específicas que aseguren el cumplimiento de la normativa. A continuación, algunos consejos prácticos:

1. Establecer un protocolo de audiencia previa:
   • Documentar el procedimiento y asegurarse de que el trabajador tenga la posibilidad de expresar su versión de los hechos.
   • Registrar toda la información derivada de la audiencia para evitar posibles reclamaciones futuras.
2. Revisión de contratos y normativa interna:
   • Asegurarse de que los contratos de trabajo y los procedimientos internos estén alineados con la normativa vigente.
   • Si es necesario, solicitar el asesoramiento de un abogado laboralista o consultor especializado.
3. Formación en recursos humanos:
   • Capacitar a los encargados de la gestión laboral para que conozcan los nuevos requisitos y puedan aplicarlos correctamente.
   • Evitar errores de procedimiento que puedan dar lugar a litigios.
4. Planificación financiera:
   • Tener en cuenta el posible incremento de costes derivados de la gestión del despido y las indemnizaciones.

Impacto en el sector empresarial

Si bien la nueva normativa protege a los trabajadores y fomenta prácticas laborales más justas, también representa un desafío para las pequeñas empresas, que suelen contar con menos recursos para gestionar los procedimientos legales. La clave para los empresarios será adoptar un enfoque preventivo, garantizando el cumplimiento de las nuevas formalidades desde el primer momento.